"La peculiaridad de la acción
colectiva que supone la desobediencia civil es que se mueve entre los límites
de la insurrección y de la actividad política institucionalizada, entre la
guerra civil y la sociedad civil. Por definición, la desobediencia civil es
extrainstitucional: Un derecho legal para participar en la desobediencia civil
es autocontradictorio. Pero no por ello viola los principios de la sociedad
civil. Más bien, la acción política directa en forma de desobediencia civil
mantiene vigente el horizonte utópico de una sociedad civil democrática y justa
por dos razones: Primero, la desobediencia civil es una acción colectiva basada
en principios que presuponen por lo menos una institucionalización parcial de
los derechos y de la democracia, es decir, presupone los derechos que
establecen y protegen a la sociedad civil, así como un sistema político
representativo que pretende legitimidad democrática (en el sentido de
representar y responder a las opiniones e intereses de los ciudadanos) y
permite por lo menos alguna participación política. Segundo, una sociedad civil
democrática y justa es, por supuesto, una utopía en el sentido clásico: Nunca se
puede realizar o completar plenamente, pero opera como un ideal regulador que
informa los proyectos políticos.
Las sociedades civiles siempre pueden ser más justas, más democráticas. Los actores colectivos toman en serio esta utopía y esperan realizarla. De hecho, sin esta clase de poderosa motivación no habría movimientos sociales. No obstante, los actos de desobediencia civil son ejemplos por excelencia de radicalismo autolimitado. Por una parte, los practicantes de la desobediencia civil extienden el rango de la actividad ciudadana legítima (aunque inicialmente fuera extralegal) aceptada por una determinada cultura política.
Hoy en día, pocos se indignarían por una huelga de trabajadores, la ocupación de un local, un boicoteo ó una manifestación de masas. Estas formas de acción colectiva han llegado a ser consideradas normales, a pesar de que todas fueron en alguna ocasión ilegales o extralegales y podrían volver a ser ilegales en algunas condiciones. Así, la desobediencia civil inicia un proceso de aprendizaje que expande el rango y las formas de participación abiertas a los ciudadanos privados dentro de una cultura política madura.
Además, es bien sabido que históricamente la desobediencia civil ha sido el motor de la creación y expansión, tanto de los derechos como de la democratización. Por otra parte, la desobediencia civil define los límites externos de la política radical dentro de la estructura general de las sociedades civiles. Acepta los principios básicos de un gobierno constitucional. A la vez, argumentaremos que la integridad del constitucionalismo depende de que una cultura política acepte el carácter normativo y valioso de la acción colectiva ilegal en forma de desobediencia civil. Por lo tanto, evaluamos la desobediencia civil no sólo como una táctica, sino también como una expresión de la acción ciudadana legítima. Vemos a la desobediencia civil como uno de los medios disponibles para que los ciudadanos ordinarios ejerzan influencia sobre los miembros de la sociedad política y para asegurar que los políticos profesionales sigan respondiendo a la opinión pública".
Original en “Desobediencia civil y sociedad civil”, del libro “Sociedad civil y teoría política”, de Jean L. Cohen y Andrew Arato. Editorial Fondo de Cultura Económica, segunda reimpresión en español 2002, México D.F.
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