Dirigentes de diversas organizaciones de la Región de Aysén denunciaron la solicitud y entrega de unas 300 mil hectáreas de concesiones mineras de exploración que coinciden con el trazado donde Transelec pretende construir la línea de alta tensión para las represas del sur, y también con las áreas de las presas y embalses tanto de HidroAysén como de Energía Austral.  La idea sería “blindar” todas las eventuales obras necesarias para transmitir energía desde Aysén a Santiago y facilitar, en beneficio de las empresas involucradas, el proceso de expropiación a los dueños quienes en la práctica perderían control de sus propiedades, las que muchas veces han obtenido con su esfuerzo y el de sus padres y abuelos pioneros.

Se unieron en la acusación la Federación Agrícola y Ganadera de Aysén FAGA, el Movimiento Regionalista, la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida y la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, que fue la organización que realizó un exhaustivo análisis y levantamiento de información que dio como resultado constatar la existencia de 300 mil hectáreas correspondientes a unos 1.600 pedimentos en distinto estado de avance que comprometerían más de 800 predios a nivel regional (entre privados y de áreas protegidas del Estado), calculándose por lo bajo en más de 600 propietarios los afectados.

El vicepresidente de FAGA, Arnoldo Cuevas, expresó en la ocasión que “nosotros como campesinos necesitamos más información, ya que esta empresa nos tiene bastante preocupados.  Por ejemplo yo soy del sector rural y la línea pasa por donde yo vivo.  Cuando se hicieron las mediciones y los estudios no se le pidió permiso a nadie, sólo se veían vehículos que andaban tomando fotografías y luego supimos que era por esto”.  Agregó que en el caso de El Claro “nos preocupa mucho porque estamos a 6 kilómetros de Coyhaique y no me gustaría pasar por debajo de esas líneas de alta tensión y  donde ganaderos, chacareros, agricultores nos vamos a ver afectados”. Cuevas indicó que “estas empresas se aprovechan de este sistema para poder atropellarnos, por lo cual nosotros como FAGA, que tenemos muchas organizaciones asociadas, vamos a hacer un trabajo para que esto pudiera llegar a buen término, es decir, que no se concrete”, aclarando que aunque “muchos campesinos dicen que ‘si hay una Ley que hace que esto yo venderé bien’, están equivocados”.

Paz Foitzick, vocera del Movimiento Regionalista, manifestó que “lo que estamos denunciando acá es la indolencia y falta de transparencia del Estado y del Gobierno para poder informar a quienes se van a ver perjudicados.  Estamos hablando de más de 600 propietarios a quienes afectan estos pedimentos mineros, al igual que a un sinnúmero de actividades productivas de nuestra región ligadas a la ganadería, el bosque, la acuicultura a pequeña escala, el turismo”.  Agregó que el compromiso de las organizaciones involucradas en la denuncia es “iniciar un trabajo de información en cada una de las comunas y también de organizar al mundo campesino, porque claramente en una región como la nuestra, con aislamiento y falta de acceso a los medios de comunicación, el Estado no ha cumplido con informar y velar por la transparencia de este tipo de procesos… ha habido un dejar hacer”.

El coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann,  expresó que con el fin de llevar adelante los proyectos de represas se está “abusando del Código Minero para, en la práctica, expropiar los terrenos a la gente y así acceder sin permisos y hacer lo que quieran con una Ley que está destinada a otra cosa”.   Explicó que “la concesión minera le da derecho a hacer lo que quiera en el subsuelo, pero tú tienes que acceder al subsuelo.  Al tener ese derecho pueden hacer arriba lo que quieran también”. Hartmann comparó la gravedad de la situación con los derechos de aguas que mayoritariamente están en manos de (o están siendo solicitados por) empresas eléctricas como Endesa, Energía Austral, AES Gener e HidroAysén.  “Los campesinos lo saben muy bien cuando piden derechos de agua y les dicen que no porque ya están solicitados por éstas u otra empresas.  Y no pueden usar el agua de su propio campo, y ahí es donde uno dice dónde están los políticos nacionales para ayudar a la gente”  indicó.

En la ocasión el miembro de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, Enrique Higueras, hizo una detallada exposición de las zonas involucradas en toda la región, señalando que se trata de peticiones rectangulares cada una de las cuales tiene un área promedio de 2 por 2 kilómetros. Por su parte, el abogado Fernando Arancibia, de la Agrupación Defensor Ciudadano, informó que como organización también abordarán el tema desde el ámbito de los derechos ciudadanos.

Las solicitudes en proceso y las ya constituidas (estas últimas en gran parte de Coyhaique al sur) están concentradas en manos de dos personas.  El matrimonio compuesto por Jorge de la Barra Valle y María Teresa Cañas Pinochet, ex directora del Servicio Nacional de Geología y Minería, y quien ya ha hecho solicitudes anteriores en lugares donde Endesa proyecta construir represas.  En otros casos, las solicitudes han sido hechas por su hija Andrea de la Barra Cañas. Las peticiones se emplazan fundamentalmente una tras otra en línea con el Camino Longitudinal Austral desde Cochrane hasta el río Ibáñez, pasando luego por la Reserva Nacional Cerro Castillo, el río Boca León, Lago Elizalde, Valle Simpson, Ensenada Valle Simpson, El Claro, Panguilemu, Alto Baguales, Villa Ortega y Mañihuales.  De ahí hacia el norte continúa por el Camino Longitudinal Austral, pasando por La Tapera, Lago Verde, río Figueroa y La Junta.  Todo, siguiendo el trazado del tendido eléctrico de Transelec.  También existen solicitudes en trámite o adjudicadas en las áreas de interconexión de las represas de HidroAysén a las mismas personas. Energía Austral ha hecho lo propio con la zona del eventual embalse y obras en los lagos Yulton y Meullín, para la represa río Cuervo.

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